Puentes derrumbados: las familias migrantes

Luis-Fernando Valdés

Esta semana nos conmovió por la muerte de Artemio Trinidad Mena (q.e.p.d), cuando se derrumbó un puente interestatal sobre el Río Mississippi, en Minneapolis (EUA), el 1 de agosto pasado. Se trata de un trabajador ilegal de origen mexicano, que dejó su familia en el Estado de Guerrero. Su viuda ha intentado, con escasez de medios, traer de vuelta a México el cuerpo de su marido. Hemos sido testigos no sólo del desplome de un puente para autos, sino también de la rotura de los puentes que unen a las familias de los migrantes.
Las noticias del pasado viernes nos presentaban la dura situación de la viuda del migrante fallecido. La Sra. Abundia Martínez Martínez contó a los medios que tenían cuatro hijos, de 9, 7 y 3 años, más una bebita de dos meses. Dijo también que su esposo llevaba ya diez años yendo a trabajar a Estados Unidos, y que ella apenas llevaba un año acompañándolo en el vecino país. Lo más dramático quizá es que los tres niños mayores viven con su abuela paterna en Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.
Además de solidarizarnos con los familiares de nuestro compatriota, debemos reflexionar sobre la situación de las familias migrantes. Los hechos diarios parecen indicar que por el hecho de cruzar ilegalmente la frontera norte, las personas pierden su dignidad y tienen que sobrevivir a cualquier precio, incluido el de privarse de su familia. Pero en realidad, no debe ser así, porque los migrantes conservan siempre sus derechos humanos.
Tomemos como punto de partida para nuestra reflexión la “Carta de los derechos de las familias”, publicada por la Santa Sede, el 22 de octubre de 1983. Ese documento no es un tratado de teología, ni un código de conducta, ni tampoco una simple declaración de principios teóricos sobre la familia; más bien se trata de una formulación muy completa y ordenada de los derechos fundamentales inherentes a la familia, dirigida tanto a creyentes como no creyentes.
En el artículo 12 de ese documento, se propone a los Gobiernos de cada nación, que las familias de emigrantes “tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias”. Por esa razón, “los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida su familia lo antes posible”, lo mismo que “los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públicas y de las organizaciones internacionales que les facilite la reunión de sus familias”.
Si observamos atentamente, lo que dificulta que las familias de los migrantes vivan juntas es que este tema se enfoca con una óptica de economía y de política migratoria, pero no se considera como un problema de derechos humanos. Los gobiernos tienen que prever que la migración no se convierta en un problema de seguridad nacional, pero a la vez deben afrontar el costo social de las familias separadas: p. ej. el conyúge migrante puede fundar una nueva familia que quizá después puede abandonar al volver a su país de origen, y esto generará más familias disfuncionales, lo que a su vez es un factor de riesgo para la seguridad de una ciudad, etc.
Una vez más, tuvo que ocurrir una tragedia, para que pusiéramos nuestra atención en las familias separadas por la migración. Esta problemática atenta contra los derechos humanos. Esta situación es más peligrosa que el calentamiento de la Tierra, porque sin familias estables una sociedad está en riesgo de colapsar. ¿Habrá que esperar a que sigan cayendo puentes sobre los ríos, para cobrar conciencia de que es importante ayudar a que las familias de los migrantes vivan juntas?

Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx