Año 7, número 319
Luis-Fernando Valdés
El gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el pasado 10 de junio, la ley HB56, que es la “más estricta” normativa anti-inmigrante de los Estados Unidos, incluso que las recientemente aprobadas en Arizona y Utah. Por otra parte, a lo largo del nuestro territorio nacional, los migrantes centroamericanos continúan sufriendo malos tratos. ¿Quién puede hacer algo por los migrantes?
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| Robert Bentley, Gobernador de Alabama |
Los migrantes latinoamericanos quedan cercados por el Sur y por el Norte. En la parte mexicana, no tienen protección ante los grupos armados que los secuestran y extorsionan, porque el Estado está desbordado ante la narco-violencia.
En la parte norteamericana, donde el sistema legal es más estable, algunos gobernadores tratan de evitar la presencia de migrantes, arguyendo que es en defensa de las oportunidades de sus ciudadanos.
De hecho, Bentley, cuando firmó esta legislación, dijo a los líderes de la Asamblea Legislativa, que la nueva ley vendrá a reducir el desempleo en esa entidad.
El “efecto persecución” es el resultado en ambos casos. En México, los migrantes son buscados por grupos criminales y, en Estados Unidos, por la policía. Pero quizá es más preocupante el segundo caso, porque se trata de una búsqueda sistemática aprobada por la ley.
La norma HB56 obliga a los agentes de policía de Alabama a “tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha es un extranjero no autorizado a estar en el país”. Pero, además, obliga a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de sus alumnos.
La ley contiene la polémica previsión de la “sospecha razonable”, que permitir a los policías a arrestar una persona con sólo presentir o creer que el sujeto se encuentra en forma ilegal en ese país.
Además, la nueva legislación obliga además a los propietarios de casas y departamentos verificar el estatus migratorio de quienes pretendan arrendarles sus viviendas. También prohíbe y prevé penalidades a todos los ciudadanos de Alabama por albergar o transportar a un inmigrante indocumentado, aun cuando éste sea algún familiar al que se le traslada a la escuela.
Esto complicará en mucho la vida de miles de familias, en las que el padre puede ser ciudadano estadounidense y la madre indocumentada; o bien, unos hermanos pueden ser residentes legales y otros no.
¿Quién entonces protege a los migrantes? Los tratados internacionales prevén protección a los que abandonan sus países en búsqueda de oportunidades. Las convenciones de derechos humanos establecen que no se puede discriminar a nadie ni por su raza, ni por su lengua, ni por su nacionalidad.
El problema es que no hay un organismo internacional con la fuerza jurídica para imponer sanciones a los países que violen estos pactos. Sin embargo, sí existen organizaciones tanto oficiales como no gubernamentales, que tienen como misión monitorear esta situación. El problema es que su voz casi no se oye.
La defensa de los migrantes solamente podrá venir por la fuerza de la opinión pública. Somos los ciudadanos los que debemos hacer que el tema de la migración esté continuamente en los medios, de modo que atraiga la atención nacional e internacional.
Esto es urgente, en el caso de los migrantes latinoamericanos que atraviesan México, ya que los mexicanos nos fijamos más en el sufrimiento de nuestros paisanos en Estados Unidos, que en el dolor de los extranjeros que vienen de paso. Sólo así daremos pasos firmes en la defensa de quienes quedan a merced de los “coyotes” o de las leyes injustas.
lfvaldes@gmail.com
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